El El gobierno mexiquense, por
omisión, será responsable si la violencia física se incrementa. Mañana se
presentará queja ante la CNDH
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Campaña nacional para denunciar política
de linchamiento del PRD contra colonos antorchistas de Texcoco.
México,
DF.- Homero Aguirre
Enríquez y Jesús Tolentino Román Bojórquez, en representación del Comité
Ejecutivo del Movimiento Antorchista, así como la dirigencia en el Estado de
México, pidieron al gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila
Villegas, detenga la violencia y el linchamiento que Horacio Duarte, Higinio
Martínez y Constanzo de la Vega y su grupo del PRD en Texcoco, promueven contra
habitantes antorchistas del Predio “El Pimiango”, ubicado en ese municipio
mexiquense.
En rueda de prensa en la Ciudad de
México, Aguirre Enríquez, quien también es el vocero nacional, explicó que
todos los antorchistas del país están listos para denunciar la política
perredista, feudal y peligrosa, que amenaza y atenta contra la integridad moral
y la vida de los habitantes de Texcoco, pues “Horacio Duarte es el principal
orquestador del linchamiento verbal y físico contra las familias que son las legítimas
propietarias del predio que hoy habitan y contra la organización en que
militan, su actuación busca atraerle reflectores para posicionarlo en el pleito
interno que protagoniza en pos de nuevos puestos públicos en Texcoco”.
Asimismo, recordó que en días
pasados el grupo perredista llamó a la violencia en el municipio, dónde cerró
por más de 12 horas el acceso al municipio texcocano, en donde
incendiaron llantas para amedrentar a las familias; incluso se llegó a anunciar
un desalojo violento.
En este sentido, enfatizó que el
Gobierno del Estado de México debe poner un alto al clima de linchamiento y
para esto se debe informar oficialmente la situación legal del predio, sin
dejar ninguna duda sobre el carácter legal de la operación oficial que llevó a
esas personas a vivir ahí: “ese predio es de uso habitacional y los legítimos y
únicos dueños son los habitantes de ese lugar”, “bastaría con que algún
funcionario del gobierno mexiquense respondiera oficial y públicamente que el
terreno es propiedad de los que hoy lo habitan, para que no haya mayor
problema”.
Sin embargo, remarcó que el hecho de
que el gobierno mexiquense se muestre indiferente deja ver complicidad, “el
silencio absoluto del gobierno mexiquense en torno a las agresiones verbales y
la incitación a expulsar de Texcoco a nuestros compañeros, por parte de
Horacio Duarte y su grupo perredista, nos deja ver complicidad por omisión”
Homero Aguirre recordó que el acuerdo de reubicación fue
convenido el 20 de junio de 2011, por la Conagua, representada por su director
general, Ing. José Luis LuegeTamargo, quien autorizó un monto de 30 millones de
pesos para esta operación, y las autoridades del Gobierno mexiquense, quienes
posteriormente entregaron legal y públicamente el nuevo predio a sus actuales
ocupantes y son los responsables de cubrir toda la normatividad urbanística.
La asociación de beneficiarios entregó al gobierno
estatal la parte que le correspondía en el convenio respectivo. La evidencia de
que esto es cierto son las declaraciones vertidas hace algunas semanas, del
secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, José Alfredo Torres,
quien dijo en una entrevista radiofónica: “El rancho Pimiango es una propiedad
privada… que desde la administración del doctor Higinio Martínez se actualiza
en su Plan de Desarrollo Municipal y es un predio que tiene uso habitacional…
es una propiedad privada que adquiere el Instituto Mexiquense de la Vivienda
Social, con recursos económicos que proceden de la federación y del estado”.
En ese mismo sentido, Jesús Tolentino Román Bojórquez,
señaló que entre las familias que habitan el predio de 38 hectáreas existe el
temor de que las agresiones y ataques físicos suban de tono, sin embargo
puntualizó que Antorcha Campesina se mantiene en la postura de no ceder a las
provocaciones, ya que los respalda la legítima propiedad de los terrenos.
La
organización social anunció que el próximo 6 de marzo, 20 mil antorchistas
acudirán a Toluca para solicitar al gobernador del estado su pronta
intervención, para evitar que la situación llegue a mayores, pues lo que los
perredistas quieren es provocar al antorchismo y ocasionar una nota roja, “crear
violencia y terror contra nuestros compañeros”.
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