La prevención y el combate a la corrupción son prioridad en la agenda legislativa y en los distintos órdenes de gobierno, a fin de reducir los espacios de discrecionalidad que propician prácticas corruptas, afirmó el diputado local Francisco Garrido Sánchez.Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, mediante un pronunciamiento, el Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia consideró que no se puede postergar la transparencia en los gobiernos municipales y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Recordó que con la promulgación de la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 27 de mayo, se estableció las bases para que los servidores públicos y los particulares que incurran en actos de corrupción sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.
Destacó que para alcanzar el mayor grado de eficacia, esta reforma contra la impunidad requiere una armonización jurídica de las entidades federativas, y Veracruz no puede permanecer rezagado ni atrincherado.
Exhortó a los integrantes de la Legislatura local a asumir responsablemente la función encomendada y apoyar la iniciativa del Gobernador del estado para que los servidores públicos se apeguen a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Dijo que, al eliminar el fuero al titular del Gobierno del Estado, a sus secretarios de despacho, presidentes municipales, síndicos y representantes de organismos autónomos, se fortalece el Estado de Derecho y se da a la ciudadanía certeza de que ningún funcionario estará protegido y puede ser sometido a juicio de manera inmediata, como cualquier otro ciudadano.
Ponderó que con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité Coordinador Anticorrupción y la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, se armoniza el sistema normativo y el andamiaje institucional, con la normativa constitucional federal.
Por cuanto al nombramiento del Contralor y la aprobación del mismo por el Congreso del Estado, Garrido Sánchez externó que se afianza la obligación del Gobierno del Estado, para cumplir como sujeto al escrutinio puntual de la sociedad.
“El ciudadano debe tener garantizado su derecho constitucional de exigir a sus servidores el debido cumplimiento de las funciones que le fueron confiadas en beneficio del interés público”, concluyó.
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